Probablemente hayáis oído o leído en las noticias que en muchos pueblos de la llamada «España Vaciada» se ofrece vivienda y trabajo para aquellos que buscan nuevas oportunidades lejos de las grandes urbes. Quizás pueda parecer una medida desesperada de estos territorios para hacer frente a la continua pérdida de población que vienen sufriendo durante las últimas décadas pero, en realidad, es una medida más para hacer frente al desafío territorial en el que nos encontramos inmersos por la existencia de dos procesos contrapuestos; uno de concentración de población y actividades en la áreas urbanas y otro de declive o estancamiento de las áreas rurales.
Por todo ello, ya no hay duda que el reto demográfico debe y está adquiriendo notoriedad sin precedentes en la agenda política, económica y social de nuestro país, pues la reflexión del modelo territorial actual exige una visión integradora desde el Estado. Más si cabe, si se afronta de manera conjunta con la transición ecológica y los objetivos establecidos en la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre cambio climática o la Nueva Agenda Urbana, todo ello gestionado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
¿Pero qué es eso de reto demográfico?
El reto demográfico es una idea «compleja» y multifactorial que engloba la dinámica poblacional es decir, los cambios en la estructura de la población (tasa de natalidad, edad media, tasa de masculinidad, etc.), así como el patrón de asentamiento (como se distribuye la población en el territorio), en él se incluye tanto la despoblación como la superpoblación.
Pese a que en el caso de España se ha puesto el foco (al menos el mediático) en el medio rural más afectado por la despoblación, el reto demográfico también abarca el medio urbano, donde la problemática es la opuesta, es decir,una gran concentración de población en poco territorio. Ambos procesos, despoblación y superpoblación, tienen efectos en la vertebración del territorio, el consumo de materias primas, tasa de empleo o el desarrollo económico, y la accesibilidad a los recursos.
Pero, parémonos un poco a entender el por qué del reto en nuestro país. En España el 83% de la población se concentra entre Madrid, la costa, y en los valles de grandes ríos como el Ebro o el Guadalquivir, como consecuencia de un histórico mayor desarrollo económico concentrando así, numerosas empresas de distintos sectores (industrial, tecnológico, etc.).
Como consecuencia, el restante 17% se concentra en el resto del territorio donde, por destacar algunas cifras, están afectados por un crecimiento vegetativo negativo 6300 de los 8000 municipios que tiene España, es decir, el 80% están perdiendo población. Aunque es cierto que este proceso de pérdida de población no es nuevo, sí que ha sido agravado con el paso del tiempo.
Fuente: elordenmundial.com
Es sencillo identificar pues, que estos territorios destacan por valores muy reducidos de densidad de población, y es que casi la mitad de los municipios de España tienen una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, umbral que la Unión Europea califica como “riesgo demográfico”, y la mayoría de estos presentan menos de 8 hab/km2, es decir, se encuentran en extrema despoblación. Entre las provincias más afectadas se encuentran Soria, Cuenca y Teruel.
Una vez contextualizado el reto demográfico y territorial al que nos enfrentamos en España, es necesario ir más allá e identificar las causas y consecuencias del mismo para poder hacerle frente de una manera más eficiente. Por suerte o por desgracia, éste es un claro ejemplo de lo que comúnmente se denomina “la pescadilla que se muerde la cola”, es decir, que un factor que motiva el desplazamiento poblacional entre territorios, produce unos efectos o consecuencias que con el tiempo pasan a ser la causa del mismo.
La migración de la población que reside en estas áreas se atribuye a varios factores. El primero es el sector económico predominante, pues con el avance tecnológico en áreas mayoritariamente agrícolas se han visto afectadas por un mayor nivel de automatización, con la consecuente reducción de mano de obra y por tanto, de oferta laboral. En un segundo lugar, e íntimamente relacionado con el primero ,está la falta de diversidad de empleos, y por último, pero no por ello menos importante, la falta de servicios (vivienda, educación, ocio, transporte, etc.)que satisfagan las necesidades de una sociedad del S.XXI.
Todo lo anterior se ve agravado por la disminución de la tasa de natalidad que, aunque es una problemática a nivel nacional, está más agravada en las regiones con menor población.
Consecuencia directa de la disminución de la población es la reducción en la demanda de servicios públicos como educación, atención sanitaria, transporte y seguridad social. Lo que en muchos casos conlleva recortes en el presupuesto destinado a su gestión, ya que se vuelven menos sostenibles económicamente. Como resultado, la oferta de servicios esenciales puede verse comprometida, lo que afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Por suerte no estamos solos y es que el reto demográfico no es solo un problema en España, es por ello que la Unión Europea, consciente de esta problemática, ha llevado a cabo una zonificación de las regiones europeas para poder aplicar políticas y medidas más específicas y efectivas en cada zona, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico, la densidad de población, la disponibilidad de recursos naturales y la situación geográfica entre otros aspectos.
También a nivel europeo encontramos la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA). Agencia centrada en el sector económico, que tiene como objetivo impulsar con los agentes del territorio, las políticas y medidas específicas que contribuyan a hacer frente a los principales desafíos estructurales que afectan a las regiones rurales menos pobladas de Europa. Forman parte de esta red las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, territorios que según criterios de la Unión Europea se encuentran en riesgo alto de despoblación, por lo que es importante intentar frenar y revertir su situación de manera urgente.
En cuanto a las políticas desarrolladas en España en relación al reto demográfico, han sido numerosas y todas ellas enfocadas a paliar los efectos de la despoblación, con el fin de afrontar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que busca reducir las diferencias de desarrollo entre las diferentes regiones.
A grandes rasgos, las medidas o estrategias que incluyen estas políticas son la creación de empleo, la mejora de infraestructuras y servicios, y el apoyo a emprendedores y pequeñas empresas. Además, de un mejor acceso a la vivienda y a los servicios esenciales, como son la educación y la sanidad.
Pese a que la despoblación es un problema grave hay varias regiones que con esfuerzo están consiguiendo frenarla, e incluso ganar población, como son las Highlands escocesas o Artieda (Zaragoza).
Gracias a la creación, hace más de 60 años, de una agencia de desarrollo económico y comunitario con autonomía de acción y despolitizada, han conseguido revertir la tendencia en las Highlands de Escocia, pues se prevé que para 2035 la población aumente en un 10% respecto a 2010. Esto se debe a que dotan de infraestructuras y vivienda, así como intentar mejorar la disponibilidad de servicios básicos, comercio, cultura, ocio y conectividad.
Otro caso de éxito, pero a nivel nacional lo encontramos en Artieda, pues partía de 67 habitantes en 2017, y gracias al fomento de políticas de vivienda, empleo, mejora del ocio y el acceso a internet ha conseguido que la población aumente hasta los 82 habitantes en 2022, siendo 15 jóvenes los que se han establecido en el municipio. Para que las iniciativas y proyectos que se están llevando a cabo en esta región hayan tenido efecto, la participación ciudadana y las ideas aportadas por la población han sido clave.
En CARTIF somos conocedores del reto, no solo por nuestra localización en una región que sufre la despoblación, sino también como parte activa en su afrontamiento. En particular en el proyecto SPANDAM, en el que trabajamos en el desarrollo de herramientas y modelos de evaluación integrada que permiten cuantificar el impacto de políticas que buscan la fijación de población mediante acciones en busca del desarrollo local y el fomento de su atractivo.
El acceso universal a la energía sostenible es un objetivo indiscutible para el desarrollo humano y para la lucha contra la pobreza. Los servicios de energía eléctrica son «satisfactores» vitales de las necesidades humanas tales como la cocción de alimentos y su refrigeración, iluminación, calefacción, transporte, comunicación, entre otros. Es posible afirmar por tanto que el acceso a la energía logra reducir la pobreza, mejorar la salud, el medio ambiente, aumentar la productividad y promover el crecimiento económico. Sin embargo, en el mundo aún existen más de 1100 millones de personas sin acceso a suministro eléctrico —casi el 15% de la población global—1, de ellos, según la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), 34 millones viven en Iberoamérica y el Caribe, lo que supone un 5% del total de su población. Además, lo que queda por electrificar son ubicaciones pobres de difícil acceso, que requieren nuevos modelos de servicio y nuevos actores, y para las que la sostenibilidad y asequibilidad van a requerir un especial atención y apoyo.
Estos, entre otros puntos relacionados con acceso, equidad, y calidad de las fuentes de energía para suplir las necesidades básicas de la población, constituyen una serie de desafíos aún por abordar. En zonas con suministro eléctrico precario, los cortes de energía eléctrica representan una grave amenaza para el bienestar de las comunidades y su desarrollo económico. Los efectos en cascada después de una interrupción eléctrica pueden causar grandes pérdidas sociales y económicas.
Fuente: Freepik
Tradicionalmente en la región Iberoamericana, las soluciones de electrificación, ya sea en emergencia o por falta de acceso, han sido la extensión de la red de distribución, utilización de grupos electrógenos a base de combustibles fósiles por una cantidad limitada de horas y, últimamente, incentivos y apoyo a proyecto basados en Energías Renovables No Convencionales (ERNC). A veces puede ser complicado extender la red eléctrica a estas localidades debido a: sus ubicaciones remotas, la baja densidad de la población o la falta de la infraestructura existente. En consecuencia, la electricidad debe ser suministrada de manera local utilizando sistemas domésticos independientes o microrredes que hagan uso de los recursos locales que tienen a su disposición (una microrred es, básicamente, un servicio de electricidad local que produce energía por medio de un generador y se distribuye a través de varios cables a hogares y negocios de los alrededores).
La importancia de implementar sistemas de energía renovables locales, cuya operación no acarree costos elevados para los diferentes usuarios, ayuda a transformar el círculo vicioso que existe entre el desarrollo económico y el suministro de energía, en uno virtuoso, dentro de la relación donde la falta del primero, imposibilita la segunda y viceversa. Sin embargo, estos proyectos impulsados por el Estado y/o entes privados dependen muchas veces técnica y económicamente de agentes externos, por lo tanto, su continuidad suele estar supeditada a continuos aportes de entidades ajenas a la zona donde son instalados, relegando a los beneficiarios a un rol primordialmente pasivo frente a la tecnología instalada, y a unos sobrecostes elevados del instalador ante acciones de mantenimiento, que en muchas ocasiones hace que se “olvide” de la instalación, ya que su negocio se orienta hacia la inversión y no hacia la operación.
Por lo tanto, la implementación de este tipo de sistemas no solamente requiere un esfuerzo económico, sino también es necesario incorporar nuevos modelos innovadores para que la implantación sea sostenible social, económica y ambientalmente, con el concurso de nuevos actores. Así, los agentes que provean el servicio energético han de involucrar necesariamente a los beneficiarios, en sintonía con sus modos y usos tradicionales.
Fredy Vélez, Álvaro Corredera y Jesús Samaniego. Investigadores de la División de Energía de CARTIF.
Así, en comunidades rurales aisladas donde la extensión de redes no es la solución más adecuada ni en plazos ni en coste, es necesario instalar microrredes locales que ayuden a satisfacer las necesidades energéticas de la comunidad rural. Para su diseño y planificación se hace necesario el uso de herramientas de planificación que valoren la cobertura de la demanda, recomendando qué tecnología cumpliría ese requisito. Este tipo de planificación, que considere las diferentes tecnologías disponibles y los recursos renovables locales, permite una organización coordinada con las empresas distribuidoras, evitando que iniciativas privadas de electrificación aislada se vieran superadas en poco tiempo por suministros con redes, desaprovechando así recursos energéticos disponibles valiosos2.
La selección y dimensionado de las tecnologías de electrificación más adecuadas para cada usuario y cada comunidad en función de las características geográficas, naturales, técnicas, socio-económicas y otras variables de entorno a gran escala para la planificación energética y el análisis de inversiones, suponen un reto fundamental.
En sistemas con generación controlable se puede realizar un ajuste a la demanda, por lo que el equilibrio de la red es más sencillo. Sin embargo, en redes con alta penetración de renovables, se hace necesario el complementar con sistemas de almacenamiento o sistemas de gestión de la demanda para equilibrar la disponibilidad de energía renovable no controlable con unas necesidades que en muchas ocasiones se puede desplazar en el tiempo (flexibilidad de la demanda). Las herramientas de diseño, por un lado, y las estrategias de control, por otro, son diferentes en ambos escenarios.
Investigadores de CARTIF en UPB Smart Energy Center
En consideración con lo anterior, con el objetivo de proporcionar una solución de abastecimiento energético de calidad en las zonas aisladas no interconectadas de Iberoamérica, CARTIF, junto con el resto de socios del proyecto PLADEMI, ha desarrollado una herramienta que permite dimensionar microrredes, teniendo en cuenta tanto parámetros energéticos de origen renovable y autóctono, como sociales, de forma que se pueda evaluar de manera coordinada el nexo energía-desarrollo social. Sin energía no se tienen servicios, sin servicios no hay desarrollo, sin desarrollo no hay calidad de vida. En este marco, investigadores de CARTIF se han desplazado a Colombia durante varios días para mantener reuniones con el grupo de investigación TAYEA de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, y el UPB Smart Energy Centerde la Universidad Pontifica Bolivariana, en aras de compartir información, conocimientos y experiencias, visitando sus instalaciones piloto enfocadas hacia el desarrollo de comunidades enmarcadas en el contexto indicado. Por otro lado, también se ha visitado la comunidad de Isla Fuerte, pequeña isla (3,25 km²) ubicada en el caribe colombiano, con una población de 2500 habitantes dispuestos en 500 viviendas aprox., energéticamente abastecidas por una microrred compuesta por un grupo electrógeno Diesel de 400 kW, una planta fotovoltaica de 175 kWp y 432 baterías de 3850 Ah. Gracias a conversaciones mantenidas con la comunidad de la isla, se ha hecho un ejercicio de comprensión y análisis de los aspectos sociales que han de tenerse en cuenta en este tipo de proyectos, y que requieren incluirse en la herramienta desarrollada en el proyecto PLADEMI.
Las nuevas directivas europeas sobre eficiencia energética, que establecen en un 55% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a alcanzar para el año 2030, están activando los proyectos de renovación profunda de edificios, ya que son en gran medida responsables de estas emisiones. Esta alta demanda de transformación del parque inmobiliario existente nos hace plantearnos la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos de renovación en el menor tiempo posible. Además, no podemos olvidar la necesidad de ofrecer un adecuado balance de coste/beneficio para las intervenciones propuestas.
Y en este proceso de transición hacia edificios climáticamente neutros, ¿cómo puede ayudar el uso de nuevas tecnologías y la aplicación de metodologías como BIM (Building Information Modelling en su definición en inglés) en la realización de proyectos de renovación profunda? El uso de modelos BIM, tradicionalmente utilizados en edificios de nueva construcción, puede proporcionarnos una ayuda importante en la toma de decisiones a la hora de escoger las soluciones a implementar en los proyectos de renovación.
Este era uno de los objetivos principales del proyecto H2020 BIM-SPEED , mejorar los proyectos de renovación profunda de edificios residenciales, reduciendo el tiempo y los costes asociados de los mismos, y fomentando el uso de BIM entre los diferentes grupos de personas involucradas. Para ello, se estandarizaron procesos, con la creación de Casos de Uso, y se desarrollaron diferentes herramientas basadas en BIM que formaban parte del ecosistema de la plataforma web BIM-SPEED, así como material de formación sobre uso1. Para afrontar los problemas de interoperabilidad se implementaron diferentes ETLs (Extract, Transform and Load) y conectores BIM.
Marco de interoperabilidad entre las herramientas basadas en BIM (BIM tools) y la plataforma web BIM-SPEED, donde se muestra la conexión con las ETLs y conectores BIM (BIM Con.) implementados, Para garantizar la fiabilidad de los datos, diferentes herramientas de chequeo (Checker) fueron también aplicadas.
Asimismo, se pudo comprobar cómo de beneficioso resulta la combinación de técnicas de Machine Learning con modelos BIM para la toma de decisiones en los proyectos de renovación profunda, permitiendo seleccionar de un modo automático la opción de renovación más adecuada, en función de la regulación existente en cada país vinculada a la envolvente del edificio, así como una serie de parámetros de entrada definidos por el usuario sobre restricciones en la implementación2. También resultó de gran interés por parte de los usuarios finales la combinación del proceso Scan to BIM, con la creación automática de muros en BIM, utilizando nubes de puntos como datos de entrada3.
Y ahora, ¿qué más?
Las posibilidades que tiene el uso de modelos BIM no acaban con la fase de renovación del edificio. Estos modelos también pueden jugar un papel clave en la fase de operación y mantenimiento. El desarrollo de gemelos digitales de edificios basados en modelos BIM puede ayudar a la optimización y control de edificios para mejorar su rendimiento energético. En esta línea comienzan su andadura proyectos comoBuildON, coordinado por CARTIF, y SMARTeeSTORY, éste último centrado en el control y optimización del rendimiento energético de edificios históricos no residenciales. En entradas posteriores os iremos contando los avances al respecto.
2 Mulero-Palencia, S.; Álvarez-Díaz, S.; Andrés-Chicote, M. Machine Learning for the Improvement of Deep Renovation Building Projects Using As-Built BIM Models. Sustainability2021, 13, 6576. https://doi.org/10.3390/su13126576
3 Álvarez-Díaz, S.; Román-Cembranos, J.; Lukaszewska, A.; Dymarski, P. 3D Modelling of Existing Asset Based on Point Clouds: A Comparison of Scan2BIM Approaches. In 2022 IEEE International Workshop on Metrology for Living Environment (MetroLivEn); IEEE, 2022; pp 274–279. https://doi.org/10.1109/MetroLivEnv54405.2022.9826964
Asistimos en la actualidad a una profunda transformación del modelo energético global, impuesta por la necesidad de frenar el incremento constante de la temperatura de la Tierra generado por el cambio climático. El compromiso adquirido por la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y reducir las emisiones de GEI al 55% respecto a los niveles de 1990 para 20301 , supone un reto enorme y exige un cambio radical, según el cual estamos ya evolucionando desde el sistema energético tradicional centralizado y basado en combustibles fósiles, hacia un sistema descentralizado, descarbonizado y basado en fuentes de energía renovables.
En este contexto surge la figura de las Comunidades Energéticas como actor clave que promueve el despliegue territorial de energías renovables, empodera al ciudadano y facilita la generación de nuevos servicios, consolidando economías locales y luchando contra la pobreza energética y el cambio climático.
¿Cómo se puede constituir una Comunidad Energética?
En la mayoría de casos se generan a partir de un grupo de ciudadanos que cuenta con el apoyo de una entidad pública. Este apoyo puede venir a través de la cesión de suelo o una cubierta de un edificio para la instalación de paneles fotovoltaicos destinados a autoconsumo colectivo. Pero hace falta algo más, hay que dotarla de aspecto jurídico. En este sentido, existen dos figuras, la Comunidad de Energías Renovables (CER)2 y la Comunidad Ciudadana de Energía (CCE)3 . La CER está enfocada a la producción y consumo de energía renovable, mientras que la CCE está más dirigida al sector eléctrico, incluyendo agregación y almacenamiento de energía eléctrica, además de la prestación de servicios de recarga y eficiencia energética.
El siguiente paso es decidir qué tipo de entidad jurídica responde mejor a las necesidades de la comunidad. Las opciones son: cooperativa, asociación o sociedad mercantil (S.L o S.A), siendo las dos primeras las más habituales, y en particular, la asociación, la más sencilla de implementar porque para constituirla no es necesaria una escritura pública. Se hace un acuerdo de constitución entre tres o más personas físicas o jurídicas, y un acta fundacional. Además, presenta como ventaja el hecho de que la participación de sus miembros es abierta y voluntaria, no exigiéndose un capital mínimo.
Finalmente, nada tendría sentido si no hay un proyecto concreto detrás. Este puede ser un autoconsumo colectivo, una red de calor y frío, un parque fotovoltaico ciudadano, la prestación de servicios energéticos, movilidad eléctrica compartida o servicios de recarga de vehículos eléctricos, principalmente.
Para hacer realidad cualquiera de estos proyectos, la tecnología juega un papel clave. Se trata de electrificar la red sin usar energías fósiles y las Comunidades Energéticas son una herramienta muy valiosa para cambiar el sistema energético actual y avanzar en la dirección de la transición energética, promoviendo la generación distribuida. Las tecnologías de generación renovable ya están maduras y siguen en constante evolución. Las baterías de acumulación, complemento indispensable de la generación renovable, son competitivas y están en constante mejora. Además, las herramientas de gestión inteligente permiten dotar a las Comunidades Energéticas de una independencia de la red gracias a la gestión inteligente de los datos y a la implementación de herramientas de toma de decisión basadas en Inteligencia Artificial, machine-learning y conocimiento predictivo del comportamiento de los usuarios, elementos medioambientales, socioeconómicos y del sistema eléctrico.
El cambio climático es un fenómeno que se ha observado a nivel científico durante décadas, pero no fue hasta los años 80 que este término se popularizó y su relevancia no ha hecho más que crecer desde entonces. A día de hoy, no hay una sola semana en la que no aparezca un titular alarmante que nos indica cómo las temperaturas alcanzan nuevos máximos, las lluvias dejan de regar los campos y los desastres naturales son más frecuentes y dañinos, tanto material como humanamente.
Ante tal situación, la conciencia sobre el cambio climático ha aumentado en los medios y en la opinión pública y, con ella, la presión sobre los gobiernos y las empresas para tomar medidas más significativas. En este contexto es donde surgen las políticas climáticas y de sostenibilidad, medidas y acciones que gobiernos y empresas toman para abordar los desafíos del cambio climático y promover un futuro sostenible.
Aunque fue en 1972 cuando se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la preocupación por el medio ambiente no es algo nuevo, sino que existen teorías de que allá por el 1750 a.C. el mesopotámico Código de Hammurabi ya establecía multas y castigos para quienes dañaran el medio ambiente o pusieran en peligro a otros.
Desde esa época hasta la actualidad han cambiado mucho las cosas y, a día de hoy, de forma anual tienen lugar las Conferencias de las Partes (COP) que son cumbres realizadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en las que las 197 partes integradoras consensuan las medidas climáticas de los años venideros. De las 27 que han tenido lugar, las más relevantes sin duda han sido la COP3 o Protocolo de Kioto y la COP21 o Acuerdo de París.
Las políticas climáticas se centran, principalmente, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la mayor causa del calentamiento global. Con este objetivo se promocionan energías renovables, se busca la mejora de la eficiencia energética y se impulsa la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en los sectores que actúan como grandes motores económicos de nuestra sociedad (véase el transporte, la industria o la construcción).
Las políticas climáticas suelen tener un objetivo claro en el momento de su implementación, pero a veces pueden generar efectos inesperados, tanto positivos (co-beneficios) como negativos («trade-offs»). Estos co-beneficios no solo pueden verse relfejados en la situación medioambiental sino que llegan a generar beneficios económicos y hasta sociales.
Esta interrelación entre economía, sociedad y medio ambiente no se tuvo en cuenta hasta la aparición del concepto de sostenibilidad se enfocan en promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDGs por sus siglas en inglés) que son un total de 17 metas específicas que abordan desafíos globales de los tres pilares básicos: protección medioambiental, desarrollo social y crecimiento económico.
Pese a que la aplicación de medidas en los sectores más tradicionales es imprescindible para reducir nuestro impacto ambiental, tanto los dirigentes como la propia sociedad han comprendido que es necesaria una reestructuración desde los pilares más básicos, desde nuestro día a día. Es por ello que nuevos paquetes legislativos aparecen continuamente tratando de modificar hábitos de consumo e incluso la educación con la que las nuevas generaciones se formarán.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y es importante tener en cuenta que la implementación de políticas climáticas y de sostenibilidad puede ser un proceso complejo y que requiere una cuidadosa planificación y evaluación de los efectos esperados. Siendo esto así, ¿cómo es posible tomar una decisión tan relevante si existe la posibilidad de generar un mayor perjuicio? Aquí es donde se introduce el concepto de «Modelos Integrados de Evaluación» o IAMs por sus siglas en inglés.
Los IAMs son herramientas de análisis que permiten estimar y evaluar los efectos de diferentes políticas climáticas en diversos ámbitos como la economía, el medio ambiente y la conciencia social, eligiendo en qué regiones y sectores se quiere hacer especial hincapié. A través de estos modelos, los responsables políticos pueden tomar decisiones sustentadas en datos científicos sobre qué medidas tomar para abordar el cambio climático o pueden utilizarlas como justificación para decisiones polémicas.
La utilidad de los IAMs es gigantesca siempre y cuando sean bien utilizados, pero si no se dan las condiciones oportunas puede convertirse en meras representaciones incompletas del futuro. El correcto funcionamiento de estos modelos pasa por una implicación real de los políticos y demás partes interesadas en la etapa de creación del IAM así como por definir correctamente la política a modelar (cuál es el tema a tratar y el objetivo de su implementación, qué resolución espacial y temporal tiene, etc.)
Una vez cumplidas estas condiciones, es indispensable asegurar que la política y modelo elegido sean compatibles ya que no todos los IAMs tienen las capacidades suficientes para pronosticar el impacto de dicha medida ya sea porque no incluye el sector de aplicación, porque la ubicación geográfica no se puede especificar o porque el horizonte temporal es demasiado amplio y el IAM no lo contempla. En lo que se está trabajando actualmente es en crear IAMs con mayor diversidad y capacidad en cuanto a implementar políticas que no solo estén relacionados con la economía, sino también con los factores sociales y ambientales.
Desde CARTIF, el tema de los IAMs es algo que llevamos tiempo tomándonos muy en serio y, de hecho, hemos desarrollado junto a nuestros colegas de UVA un IAM llamado WILLIAM. Además somos partícipes de varios proyectos europeos orientados hacia la mejora en la capacidad de evaluación, transparencia y consistencia de los modelos como pueden ser IAM COMPACT o NEVERMORE.
En la actualidad, la descarbonización del sector industrial se encuentra en el centro de la agenda europea, ya que se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar los objetivos climáticos acordados. La Unión Europea pretende ser neutra en términos climáticos de cara al año 2050; es decir, se ha fijado el objetivo de tener una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Según Eurostat, el sector industrial representa aproximadamente el 20% de las emisiones totales de gases efecto invernadero en Europa. Por lo tanto, la actuación sobre este ámbito es crucial para la lucha contra el cambio climático.
Un aumento de la eficiencia energética de la industria en Europa es fundamental para lograr los objetivos climáticos mencionados y una forma eficaz de abordarlo es el aprovechamiento y revalorización del calor residual que se produce en los procesos industriales. Esto se puede lograr a través de las bombas térmicas de alta temperatura, que funcionan sin consumo eléctrico y utilizan el calor residual para producir energía térmica de alto valor energético y para procesos industriales. La integración de estas tecnologías podría cubrir potencialmente el 15,3% de la demanda térmica de los procesos industriales. Para conocer más acerca de las bombas de calor os invito a visitar el siguiente artículo de nuestro blog donde encontraréis una perspectiva muy alentadora sobre estas tecnologías.
Además, la potencial integración de energías renovables es fundamental para el cambio y estas tecnologías pueden trabajar de forma complementaria con fuentes de energía renovable como puede ser la energía solar térmica.
CARTIF forma parte del consorcio del proyecto PUSH2HEAT, de investigación y desarrollo en el ámbito de la descarbonización industrial. Se trata de un proyecto financiado a través del programa de investigación e innovación Horizon Europe que tiene como objetivo superar las barreras para el despliegue de tecnologías de bombas de calor de alta temperatura para un mayor aprovechamiento del calor en el sector industrial. Actualmente el mercado para este tipo de tecnologías es limitado, pero con la creación e implementación de hojas de ruta de explotación y modelos de negocio adecuados se pueden alcanzar cifras muy prometedoras en el camino a la reducción de las emisiones en el sector energético. Basado en una demanda anual estimada de calor de proceso de 298TWh entre 90 y 160ºC que potencialmente podría ser cubierta por tecnologías de bomba de calor y asumiendo un COP de 4 para la bomba de calor, se podrían evitar 45Mt de emisiones de CO2eq al cambiar de caldera de gas a estas tecnologías accionadas eléctricamente. Esto correponde a, aproximadamente, el 8,3% del objetivo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE27 de 2020 a 2030.
PUSH2HEAT, con una duración de 48 meses, reunirá a expertos de los distintos ámbitos para conseguir impulsar el mercado y abordar las barreras técnicas, económicas y de normativa de valorización del calor residual existentes mediante la demostración a gran escala de tecnologías de mejora del calor en diversos contextos industriales con temperaturas de suministro entre 90 y 160ºC.
Desde CARTIF estamos encantados de trabajar con un consorcio que despierta motivación por alcanzar resultados satisfactorios a los desafíos que se plantean en el proyecto y continuar con la necesaria transición energética para un futuro más sostenible en el sector industrial.
Si queréis estar al día del proceso, ¡estad atentos a los resultados!
