Hace ya un año, iniciando 2023, arrancábamos en CARTIF uno de esos grandes proyectos que dejan huella (aunque si hablamos en términos de emisiones en realidad la idea es reducirla), NEUTRALPATH. En él, las ciudades de Zaragoza (España) y Dresden (Alemania) están desarrollando PCED (distritos de energía limpia y positiva) con el objetivo de convertirse en ciudades pioneras en el ámbito de la Unión Europea en cuanto a neutralidad climática y cero contaminación para el año 2030. Estambul, Vantaa y Gante acompañan en NEUTRALPATH a las dos ciudades anteriormente mencionadas con la idea de escalar y replicar metodologías y resultados en sus propios planes de ciudad.
Para aquellos de vosotros, avezados lectores, que seáis fieles seguidores de este blog, eso de la neutralidad climática y contaminación nula en Europa con fecha límite del 2030 seguro que os suena ya de algo. Efectivamente, NEUTRALPATH es uno de esos pocos proyectos financiados por la UE dentro del paraguas de la misión “Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030”. La EU se ha propuesto llegar a la neutralidad climática para el 2050, y esta Misión, tiene como objetivo apoyar, promover y mostrar la transformación de cien ciudades europeas pioneras que alcancen dicha neutralidad climática de aquí a 2030, convirtiéndolas en centros de experimentación e innovación para todas las demás ciudades europeas, actuando así a modo de espejo en el que mirarse y aprender.
Dentro de este marco se financian proyectos de investigación e innovación que abordan:
La movilidad limpia, por ejemplo, a través del uso de medios de transporte que no emitan gases de efecto invernadero, como los vehículos eléctricos o los vehículos de hidrógeno u otros combustibles alternativos, el uso de bicicletas, patinetes y otros medios de transporte no motorizados
La eficiencia energética mediante el uso de tecnologías y prácticas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en edificación e industria mediante renovaciones de equipos y envolventes y el uso de energías renovables;
La planificación urbana ecológica con medidas relativas a la promoción de espacios verdes, el uso de materiales de construcción sostenibles o la promoción de la biodiversidad entre otros aspectos.
Con estos proyectos de la misión, la UE pretende además favorecer la creación de iniciativas conjuntas, la cooperación entre proyectos y el aumento de las colaboraciones en sinergia con otros programas de la UE.
De entre las 100 ciudades finalmente seleccionadas para participar en la misión, siete son españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. En CARTIF tenemos la suerte de haber trabajado de forma directa en diferentes proyectos a nivel ciudad inteligente o smart cities con muchas de ellas: Valladolid, a través entre otros de REMOURBAN, Vitoria_Gasteiz, dentro de SMARTENCITY, Valencia, formando parte de MATCHUP, o la ya mencionada Zaragoza de NEUTRALPATH.
Pues bien, con el recién estrenado 2024, en CARTIF estrenamos también otro de esos grandes proyectos de referencia de la misión: MOBILITIES FOR EU y en el que dos ciudades que tienen ya el marchamo de ciudades de la misión, Madrid y Dresden, realizarán diferentes actuaciones durante los próximos cinco años para contribuir significativamente a su transformación hacia la neutralidad climática. Creo que el nombre del proyecto deja pocas dudas acerca del ámbito de estas actuaciones, ¿no creéis?
Llevamos ya largo tiempo escuchando diversos mensajes acerca de la importancia de implementar cambios en la forma y los medios de transporte que usamos de forma habitual. La llamada movilidad sostenible es actualmente un tema cardinal, especialmente en las ciudades, ya que en ellas el transporte es responsable de una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso que la descarbonización del transporte es una de las principales estrategias para reducir las emisiones y combatir el cambio climático. La movilidad sostenible puede ayudar a lograr este objetivo, entre otros, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo el uso de medios de transporte más limpios y eficientes.
Pero además del impacto general en términos de CO2, el implementar medidas y políticas de movilidad sostenible también puede tener otros beneficios directos para los ciudadanos, como la mejora de la calidad del aire o la reducción de la contaminación acústica. Además, el impacto en la calidad de vida de las personas al reducir el tráfico y mejorar la seguridad vial es también positivo.
La movilidad sostenible incluye una amplia variedad de acciones y estrategias, a desarrollar tanto por entidades públicas como por empresas o iniciativas privadas, que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de vida en las ciudades y sus entornos. Algunas de ellas podrían ser la promoción del transporte público, que es una forma eficiente y sostenible de moverse por las ciudades, la bicicleta y la caminata, que además de sostenibles son saludables, así como la implementación de políticas que fomenten el uso de vehículos eléctricos y la infraestructura necesaria para su carga y mantenimiento. Los vehículos eléctricos son una alternativa más limpia y sostenible a los vehículos con motor de combustión interna que impactan de forma directa la calidad del aire en las ciudades. Además de estos, los desarrollos de vehículos que utilizan otros tipos de combustibles como el hidrógeno, son también una vía de trabajo. La implicación de las empresas a través de la generación de sus propios planes de movilidad sostenible para el personal es también fundamental para maximizar el impacto global. No debemos olvidar que cuando hablamos de movilidad, lo hacemos tanto de personas como de bienes. En términos logísticos, es necesario también implementar medidas que hagan sostenible el transporte en las diferentes etapas de la cadena de suministro. En ciudades medianas y grandes es necesario tener en cuenta también, a nivel global y por zonas, las políticas de gestión de tráfico que se emplean, ya que estas pueden ayudar a reducir la congestión y mejorar la eficiencia del transporte en la ciudad.
En el caso de MOBILITIES FOR EU, el foco lo ponemos tanto en la movilidad de pasajeros como en el transporte de mercancías, y su objetivo será demostrar que diferentes conceptos innovadores en el campo de la movilidad diseñados e implementados de forma adecuada y siguiendo principios participativos y centrados en los usuarios y sus necesidades puede ayudar a conseguir ese ansiado objetivo de la neutralidad climática, y a hacerlo además no solo con viabilidad económica sino con rentabilidad.
Madrid y Dresden, actuando como ciudades líderes del proyecto, implementarán 11 pilotos que abarcan 23 intervenciones demostrativas de alto grado de innovación para la movilidad de personas y mercancías, y que explotarán el potencial combinado de electrificación, automatización y conectividad. Se incluyen, entre otras intervenciones con vehículos eléctricos autónomos, infraestructuras de recarga innovadoras, combustibles verdes, autobuses eléctricos y vehículos de H2, e infraestructuras avanzadas de conectividad, 5G y 6G, para la conducción conectada y autónoma. En ambas ciudades aspiran también a aprovechar múltiples iniciativas de cooperación ciudadana y empoderamiento social ya existentes en ellas, integrándolas dentro de lo que llamamos “Urban Transport Labs” (UT-Labs), concebidos como Hubs de innovación que tendrán como objetivo fomentar una más rápida replicabilidad a nivel europeo. Las cinco ciudades replicadoras, Ioaninna (Grecia), Trenčin (Eslovaquia), Espoo (Finlandia), Gdansk (Polonia) y Sarajevo (Bosnia) serán las primeras en recorrer el camino marcado por Madrid y Dresden, primero como participantes directos de los procesos de estas dos ciudades líderes, y en paralelo a través de sus propios UT-Labs, y más tarde como protagonistas principales de sus propios diseños. Con esa misma idea de generar impacto más allá del marco y las ciudades participantes en el propio proyecto, se pretende establecer relaciones de colaboración con la Cities Mission Platform para favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias, así como con las principales iniciativas de la UE en esta área como son 2Zero y CCAM.
Los próximos días 30, 31 de enero y 1 de febrero nos reuniremos todos los socios del proyecto en Madrid para dar de manera conjunta el pistoletazo de salida a este desafiante proyecto con el que aspiramos a mejorar el medio ambiente y la vida de los ciudadanos. En breve se lanzarán las redes sociales de MOBILITIES FOR EU como primera vía de comunicación e información con la que iremos compartiendo nuestros avances. ¡Estad atentos!
África, un continente diverso y vibrante, se encuentra en medio de una transformación singular en el ámbito energético. Organismos internacionales como Naciones Unidas están promoviendo este proceso de transición energética bajo la filosofía de ser justa, equitativa y de «no dejar a nadie atrás»1. En este post, vamos a explorar los desafíos que enfrenta esta transición, los factores clave que la impulsan y cómo el proyecto ONEPlanET, financiado a través del programa Horizonte Europa, está ayudando en este proceso:
Desafíos energéticos
Creciente demanda de energía: la población en África está entre las más jóvenes y de más rápido crecimiento en el mundo, con una clara tendencia a concentrarse en ciudades.
«La transición energética en África implica no solo descarbonizar, sino también garantizar el acceso universal»
Acceso limitado a la energía y falta de combustibles limpios para cocinar: la electrificación inadecuada obstaculiza el desarrollo económico y social en diversas regiones.
Cambio climático, causante de impactos devastadores en la agricultura o los recursos hídricos. Por otro lado, las cada vez más duras condiciones de temperatura y humedad, dispararán las necesidades de refrigeración de la población
Dependencia histórica de combustibles fósiles: la volatilidad de los precios del petróleo y el gas afecta la estabilidad económica de muchos países africanos, subrayando la necesidad de diversificar la matriz energética.
Para abordar estos desafíos demográficos, ambientales y socioeconómicos, África deberá duplicar su suministro de energía para el año 2040 y al mismo tiempo garantizar el acceso a la electricidad para 600 millones de personas y combustibles limpios para cocinar para 970 millones.2
Factores clave de la transición energética justa y equitativa
Recursos naturales y potencial renovable: a pesar de su enorme potencial, hasta la fecha, sólo el 22% de la capacidad energética total instalada en África se basa en fuentes renovables, principalmente energía hidroeléctrica, seguida de la solar, la eólica y la geotermia3.
«La transición energética en África debe considerar la equidad, la inclusión y la asequibilidad»
Innovación tecnológica: el avance tecnológico facilita la implementación de soluciones energéticas descentralizadas, como micro-redes solares o sistemas de almacenamiento de energía, superando las barreras tradicionales de infraestructura en poblaciones remotas y generando nuevas fuentes de empleo.
Compromisos internacionales: la creciente conciencia global sobre la necesidad de abordar esta transición ha llevado a acuerdos internacionales que respaldan la inversión en energías limpias en África.
El potencial de generación renovable en África es 1.000 veces mayor que la demanda proyectada para el año 20403 .Por tanto, el camino hacia una economía baja en carbono no sólo consiste en reemplazar fuentes contaminantes y en cubrir la creciente demanda de energía, sino en prevenir escenarios en los que esta transición energética genere conflictos en el uso de recursos: por ejemplo, energía hidroeléctrica en el uso del agua o energía fotovoltaica en el uso de la tierra.
El proyecto ONEPlanET
La gestión integrada de los recursos de agua, energía y alimentos se puede llevar a cabo a través de un enfoque Nexus, que garantiza la seguridad hídrica y alimentaria, la agricultura sostenible y la producción de energía. Este enfoque Nexus es la piedra angular donde se sustenta el proyecto ONEPlanET, en el que participa CARTIF junto con otras 11 entidades de Europa y África. El proyecto tiene como objetivo dotar a los responsables políticos, organismos de investigación, inversores y ciudadanos africanos de las herramientas y los conocimientos necesarios para aumentar la generación de energía renovable y el uso sostenible de los recursos, al tiempo que se reducen las desigualdades y las brechas culturales y socioeconómicas. En el marco del proyecto se están desarrollando modelos Nexus “Agua-Energía-Alimentos” (WEF, según sus siglas en inglés) que ayudarán a planificar nuevas infraestructuras energéticas resilientes en el continente africano.
El pasado 9 de noviembre de 2023, el equipo investigador de CARTIF participó en la organización de un taller para la co-creación de estos modelos WEF Nexus en Nairobi (Kenia), al que acudieron actores del sector público y privado. Su colaboración ha sido clave a la hora de diseñar los modelos WEF Nexus y la herramienta posterior de simulación. Puedes pinchar aquí para ver el video del taller.
Taller ONE PLanET, Nairobi (Kenia), 9 de noviembre 2023
Además, durante el año 2024 estudiantes procedentes de las universidades africanas llevarán a cabo estancias de investigación en entidades europeas, entre las que se encuentra CARTIF. ¡Estamos deseando acoger en nuestras instalaciones a estos investigadores!
En conclusión, la transición energética en África no implica solo un cambio en la forma en que se genera la energía, sino una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de millones de africanos. ONEPlanET contribuirá a superar estos desafíos a través del enfoque integral WEF Nexus, siempre con la premisa fundamental de que ningún individuo o comunidad se quede rezagado.
En él se resumen las conclusiones del último análisis sobre la capacidad del sistema para cubrir la demanda de manera segura. El indicador que se utiliza para hacer estas estimaciones es el indicador de previsión de pérdida de carga, conocido como «LOLE» porque en inglés se le llama loss of load expectation. Este índice mide el número de horas durante las cuáles, en un área geográfica determinada y en un periodo de tiempo dado, la producción de energía no será suficiente para satisfacer la demanda. Se considera aceptable un LOLE de 0,94 horas/año, lo que supone que el 99,99% del tiempo la producción ha de satisfacer la demanda. Pues bien, el informe de Red Eléctrica de España estima que el LOLE podría ser 5,63 horas/año en 2024, 6,26 horas/año en 2025 y llegar hasta 7,14 horas/año en 2027 si no se pusiera en marcha el almacenamiento de energía previsto. En términos de déficit de energía, estos LOLE se traducen en 9,38 GWh/año en 2024, 12,9 GWh/año en 2025 y 15,68 GWh/año en 2027. La causa de este déficit de energía en el sistema eléctrico español sería el posible desmantelamiento de un cierto volumen de centrales de ciclo combinado que habrían dejado de ser rentables por la competencia de la generación renovable. Sería interesante conocer si el LOLE podría verse aún más perjudicado por el esperado cierre de las centrales nucleares españolas.
Yo querría reflexionar aquí sobre el posible efecto paliativo que podría tener la gestión de la flexibilidad de la demanda. Como es sabido, la flexibilidad de la demandaes la capacidad de los consumidores para modificar su perfil de consumo como respuesta a una solicitud para hacer tal cosa. Idealmente esto se haría a cambio de algún tipo de compensación, a ser posible económica. En un estudio3 que publicamos hace un par de años llegamos a la conclusión de que la demanda doméstica española podría, gracias a su flexibilidad, llegar a reducirse hasta 2 GWh en invierno y más de 10 GWh en los meses de verano. Bien es cierto que estas cifras se darían en una situación ideal y que dependen de la zona de España en la que nos fijemos. En otro estudio4 similar se ofrecen estimaciones más conservadoras, pero que pueden llegar hasta los 3 GWh dependiendo de varios factores. En ambos estudios la flexibilidad la proveen cargas eléctricas domésticas como las bombas de calor, los aires acondicionados o los termos eléctricos. Por lo tanto, la energía flexible depende de las condiciones meteorológicas y, por supuesto, del número de consumidores que quisieran participar en un esquema de gestión de la flexibilidad de la demanda. Pero, sobre todo, dependerá de que la regulación y los modelos de negocio evolucionen para convertir en una realidad la posibilidad de que las viviendas y los pequeños y medianos negocios puedan ofrecer su flexibilidad a través de un mecanismo que les remunere de manera adecuada. Se han propuesto caminos para alcanzar esa meta, como es el caso de la hoja de ruta5 de la asociación Entra, pero España sigue retrasada respecto a otros países de la Unión Europea en este tema.
Para los grandes consumidores sí que existen maneras de vender su flexibilidad de la demanda. En octubre de 2022 se celebró la primera subasta del nuevo Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), en la cual se ofertaron 699 MW y se asignaron 497 MW a un precio de 69,97 €/MW. Una nueva subasta está prevista en 2023, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia haya revisado el marco regulatorio correspondiente6. Además de esto, la demanda puede participar en los mercados de balance, pero el requisito de hacer ofertas mínimas de 1 MW hace imposible la participación de quien no sea un gran consumidor. Comunidades energéticas o agregaciones de consumidores están, por lo tanto, prácticamente excluidas de esta posibilidad.
Hoja de ruta flexibilidad de la demanda. Fuente: http://entra-coalicion.com/ya-disponible-la-hoja-de-ruta-para-la-flexibilidad-de-la-demanda
Un servicio de flexibilidad de la demanda que se está perfilando es el de nivelación de puntas de consumo. Este servicio, aún en estudio, permitirá reducir picos de demanda y está pensado para facilitar la integración de energías renovables. El servicio se presenta como algo que contribuirá al ahorro energético. La energía que se pueda llegar a ahorrar es, por el momento, un misterio. Como conclusión, podríamos decir que la flexibilidad de la demanda podría movilizar cantidades significativas de energía, pero no parece fácil que se pueda llegar a cubrir el déficit de energía que se ha pronosticado en el Análisis nacional de cobertura del Sistema Eléctrico Peninsular, aunque sí contribuir a paliarlo. Para remediarlo sería necesario un vigoroso esfuerzo normativo, tecnológico, comercial y social para convencer al mayor número posible de consumidores de las bondades de la respuesta de la demanda. No parece que sea fácil de lograr.
En las últimas décadas, la evolución hacia una auténtica transición energética y ambiental ha tomado un rumbo fascinante. Nuestro sistema social y productivo está experimentando una transformación sin precedentes, y los grandes temas que caracterizan el siglo XXI, como la energía, la seguridad digital y las instancias socioeconómicas, entre otros, no pueden ser abordados de manera separada. Justamente por esto, la transformación digital ofrece hoy nuevas ideas y oportunidades también en el ámbito puramente energético. El poder de los datos es hoy evidente para los científicos, ingenieros y economistas, pero puede escapar al ciudadano común, a menudo desprovisto de los medios para entender cuánto esta herramienta puede ayudar en el día a día de cada uno. Un ejemplo concreto es cómo, utilizando datos recopilados por medidores inteligentes instalados en nuestro propios hogares, podemos controlar y modificar activamente los perfiles de consumo, tanto de electricidad como de agua o gas, en beneficio del medio ambiente y de nuestra cartera.
Anteriormente, el mercado energético estaba centralizado y principalmente dirigido por unos pocos grandes proveedores. Sin embargo, actualmente está experimentando una descentralización y una orientación más acorde a las auténticas necesidades de los consumidores individuales. El individuo, antes un mero receptor pasivo de servicios energéticos en su hogar, ahora puede aspirar a involucrarse activamente en las diversas fases del proceso productivo gracias a la integración de tecnologías renovables en las redes locales y al desarrollo de comunidades energéticas renovables (Renewable Energy Communities, REC, en inglés). Este cambio en la perspectiva tradicional de nuestro mercado energético ya está en marcha.
En este contexto, el «prosumidor» (prosumer en inglés) de energía es la figura clave en cada REC, combinando las más tradicionales del «productor» y «consumidor». El prosumidor puede cubrir su demanda energética de manera lo más independiente de la red posible, aprovechando su autoconsumo y almacenando o vendiendo el excedente a la red. En una comunidad energética renovable, dicho excedente de producción puede destinarse a satisfacer las demandas energéticas de otros miembros. Todo esto implica la necesidad de que el prosumidor sea consciente del proceso productivo en el cual está involucrado y del funcionamiento del mercado energético.
Ser ciudadanos activos y posiblemente involucrados en comunidades energéticas renovables supone implicaciones significativas desde una perspectiva social. Los estratos de la población con un acceso limitado a los suministros energéticos, ya sea por temas de medios económicos o de difícil acceso a la red por razones geográficas, son quienes podrían beneficiarse más sustancialmente de la producción local y de la formación de comunidades energéticas. La participación activa de los ciudadanos individuales en los procesos de toma de decisiones genera beneficios notables, entre los cuales destaca, sin lugar a dudas, una mayor aceptación de las energías renovables, así como una mayor cohesión social en la comunidad, que por su propia naturaleza es democrática y equitativa, superando disparidades asociadas con género, edad o capacidad económica individual. Por otro lado, desde un punto de vista económico, es crucial destacar que el autoconsumo energético conlleva ahorros significativos en la factura, debido a una menor adquisición de electricidad de la red. Además, la formación de comunidades energéticas puede movilizar capital a nivel local y atraer inversiones.
En el marco de Horizon Europe, el programa de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027, desde CARTIF estamos involucrados en el proyectoENPOWER. Queremos contribuir al proceso de activación energética de los ciudadanos europeos y al desarrollo de comunidades renovables de prosumidores mediante estrategias innovadoras basadas en datos. Por un lado, es crucial identificar los impactos del proyecto considerando parámetros que abarquen tanto los factores sociales como ambientales. Por otro lado, buscamos evaluar el nivel de compromiso de los ciudadanos europeos comprometidos, con el objetivo explícito de fomentar la cohesión de los individuos hacia la independencia energética.
Cuando pensamos en descarbonizar, el tipo de actividad que se nos viene a la mente en primer lugar es la implantación de grandes parques eólicos o huertos solares que generan grandes cantidades de energía limpia. O la tan necesaria rehabilitación de edificios, que permitiría reducir de forma drástica la demanda energética global debido a nuestro, en términos energéticos, deficiente parque edificatorio. Sin embargo, en los entornos urbanos, otro de los principales sectores generador de emisiones y en el que también se puede actuar, es el de la movilidad. Aunque dependiendo de la fuente y de la manera de contabilizar las emisiones el valor puede diferir, se considera que entre un 25% y un 35% de las emisiones de CO2en una ciudad se deben a aspectos relacionados con la movilidad.
La ciudad en la que vivimos la mayoría de los que trabajamos en el centro tecnológico CARTIF, Valladolid, es una de las que participa en la Misión Europea de ciudades climáticamente neutras e inteligentes (Misión de Ciudades) promovida por la Comisión Europea. Valladolid es una de las 112 urbes de toda Europa y varios estados asociados que fueron seleccionadas por la Comisión Europea. En España le acompañan Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Vitoria. De acuerdo con los objetivos de la misión de ciudades, estas 112 ciudades se han comprometido de forma voluntaria a ser climáticamente neutras en 2030. Esto es, 20 años antes que el objetivo de neutralidad climática planteado de forma global para todo el continente europeo en 2050. Esto requiere fomentar la implementación de soluciones sostenibles y tecnologías avanzadas, también en áreas como la movilidad sostenible.
Sin embargo, las ciudades no puede transitar ellas solas este camino de la descarbonización. Y es por ello que buscan la complicidad no sólo del ciudadano para que actúe de forma individual, sino también de las empresas para que implementen acciones que tendrán un impacto mayor. En este punto es necesario recordar que la neutralidad climática se alcanza combinando dos tipos de acciones: las que reducen directamente las emisiones y las que capturan esas emisiones y o bien regeneran el oxígeno que necesitamos para vivir o utilizan el CO2 como materia prima en procesos productivos. Ambos tipos de acciones son necesarios. Su combinación de forma óptima será la que permita alcanzar la neutralidad.
En este blog, desde CARTIF proponemos una acción concreta que contribuye significativamente a alcanzar esos ambiciosos objetivos de descarbonización. Esta acción es la realización y despliegue de planes de movilidad sostenible para empresas (PMS). Estos planes, complementarios a los propios planes de movilidad sostenible de la ciudad, buscan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los medios de transporte de una empresa, que son una de las principales fuentes de contaminación en las ciudades, especialmente en los ámbitos de emisiones 1 y 2. Estos ámbitos de emisiones consisten en las emisiones directas e indirectas de las empresas producidas, en este caso, por el transporte de empleados, materiales y productos y por el tipo de combustible utilizado en cada caso.
Las empresas, mediante el despliegue de planes de movilidad sostenible que promuevan un cambio en la forma en la que sus trabajadores se desplazan, por ejemplo, pueden contribuir a reducir este volumen de emisiones global de las ciudades. Para que estos planes tengan una aceptación y por tanto se pueda realizar un despliegue completo, deberán ser no sólo consensuados, sino co-desarrollados entre la dirección, los trabajadores y el resto de agentes necesarios. Es, por tanto, muy recomendable elaborarlos mediante estrategias de co-creación, que permitan una participación efectiva de todos estos grupos, de manera que se hagan partícipes directos del cambio. El apoyo (seguramente indirecto) para la implantación de modos de transporte más sostenibles y menos contaminantes, como el transporte colectivo (idealmente sin emisiones), la bicicleta, el transporte a pie y los vehículos eléctricos son medidas claras, pero otras estrategias indirectas como el fomento del teletrabajo, la mejora de turnos, rutas más efectivas, fomento de la movilidad compartida, la implantación de zonas de comedor o la instalación de puntos de recarga eléctrica son otra serie de medidas que se pueden proponer. No hay viaje que genere menos emisiones que el viaje innecesario que se evite realizar.
Además, los propios municipios deben participar, comprometiendo la mejora de las infraestructuras necesarias para llevarlas a cabo, como carriles bici conectados y seguros, mejora del transporte urbano, etc. Es clave, además, mencionar los beneficios indirectos que este tipo de actividades permiten generar. En general, los planes de movilidad sostenible buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la movilidad, pero este beneficio, a su vez, reducirá la dependencia energética de combustibles fósiles, mejorará el sistema energético global y su estabilidad, lo que contribuirá a la mitigación de los efectos derivados del cambio climático y, lo que es más importante, a la mejora de la calidad del aire en las ciudades y a la salud de las personas que vivimos en ellas.
Probablemente hayáis oído o leído en las noticias que en muchos pueblos de la llamada «España Vaciada» se ofrece vivienda y trabajo para aquellos que buscan nuevas oportunidades lejos de las grandes urbes. Quizás pueda parecer una medida desesperada de estos territorios para hacer frente a la continua pérdida de población que vienen sufriendo durante las últimas décadas pero, en realidad, es una medida más para hacer frente al desafío territorial en el que nos encontramos inmersos por la existencia de dos procesos contrapuestos; uno de concentración de población y actividades en la áreas urbanas y otro de declive o estancamiento de las áreas rurales.
Por todo ello, ya no hay duda que el reto demográfico debe y está adquiriendo notoriedad sin precedentes en la agenda política, económica y social de nuestro país, pues la reflexión del modelo territorial actual exige una visión integradora desde el Estado. Más si cabe, si se afronta de manera conjunta con la transición ecológica y los objetivos establecidos en la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre cambio climática o la Nueva Agenda Urbana, todo ello gestionado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
¿Pero qué es eso de reto demográfico?
El reto demográfico es una idea «compleja» y multifactorial que engloba la dinámica poblacional es decir, los cambios en la estructura de la población (tasa de natalidad, edad media, tasa de masculinidad, etc.), así como el patrón de asentamiento (como se distribuye la población en el territorio), en él se incluye tanto la despoblación como la superpoblación.
Pese a que en el caso de España se ha puesto el foco (al menos el mediático) en el medio rural más afectado por la despoblación, el reto demográfico también abarca el medio urbano, donde la problemática es la opuesta, es decir,una gran concentración de población en poco territorio. Ambos procesos, despoblación y superpoblación, tienen efectos en la vertebración del territorio, el consumo de materias primas, tasa de empleo o el desarrollo económico, y la accesibilidad a los recursos.
Pero, parémonos un poco a entender el por qué del reto en nuestro país. En España el 83% de la población se concentra entre Madrid, la costa, y en los valles de grandes ríos como el Ebro o el Guadalquivir, como consecuencia de un histórico mayor desarrollo económico concentrando así, numerosas empresas de distintos sectores (industrial, tecnológico, etc.).
Como consecuencia, el restante 17% se concentra en el resto del territorio donde, por destacar algunas cifras, están afectados por un crecimiento vegetativo negativo 6300 de los 8000 municipios que tiene España, es decir, el 80% están perdiendo población. Aunque es cierto que este proceso de pérdida de población no es nuevo, sí que ha sido agravado con el paso del tiempo.
Fuente: elordenmundial.com
Es sencillo identificar pues, que estos territorios destacan por valores muy reducidos de densidad de población, y es que casi la mitad de los municipios de España tienen una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, umbral que la Unión Europea califica como “riesgo demográfico”, y la mayoría de estos presentan menos de 8 hab/km2, es decir, se encuentran en extrema despoblación. Entre las provincias más afectadas se encuentran Soria, Cuenca y Teruel.
Una vez contextualizado el reto demográfico y territorial al que nos enfrentamos en España, es necesario ir más allá e identificar las causas y consecuencias del mismo para poder hacerle frente de una manera más eficiente. Por suerte o por desgracia, éste es un claro ejemplo de lo que comúnmente se denomina “la pescadilla que se muerde la cola”, es decir, que un factor que motiva el desplazamiento poblacional entre territorios, produce unos efectos o consecuencias que con el tiempo pasan a ser la causa del mismo.
La migración de la población que reside en estas áreas se atribuye a varios factores. El primero es el sector económico predominante, pues con el avance tecnológico en áreas mayoritariamente agrícolas se han visto afectadas por un mayor nivel de automatización, con la consecuente reducción de mano de obra y por tanto, de oferta laboral. En un segundo lugar, e íntimamente relacionado con el primero ,está la falta de diversidad de empleos, y por último, pero no por ello menos importante, la falta de servicios (vivienda, educación, ocio, transporte, etc.)que satisfagan las necesidades de una sociedad del S.XXI.
Todo lo anterior se ve agravado por la disminución de la tasa de natalidad que, aunque es una problemática a nivel nacional, está más agravada en las regiones con menor población.
Consecuencia directa de la disminución de la población es la reducción en la demanda de servicios públicos como educación, atención sanitaria, transporte y seguridad social. Lo que en muchos casos conlleva recortes en el presupuesto destinado a su gestión, ya que se vuelven menos sostenibles económicamente. Como resultado, la oferta de servicios esenciales puede verse comprometida, lo que afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Por suerte no estamos solos y es que el reto demográfico no es solo un problema en España, es por ello que la Unión Europea, consciente de esta problemática, ha llevado a cabo una zonificación de las regiones europeas para poder aplicar políticas y medidas más específicas y efectivas en cada zona, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico, la densidad de población, la disponibilidad de recursos naturales y la situación geográfica entre otros aspectos.
También a nivel europeo encontramos la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA). Agencia centrada en el sector económico, que tiene como objetivo impulsar con los agentes del territorio, las políticas y medidas específicas que contribuyan a hacer frente a los principales desafíos estructurales que afectan a las regiones rurales menos pobladas de Europa. Forman parte de esta red las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, territorios que según criterios de la Unión Europea se encuentran en riesgo alto de despoblación, por lo que es importante intentar frenar y revertir su situación de manera urgente.
En cuanto a las políticas desarrolladas en España en relación al reto demográfico, han sido numerosas y todas ellas enfocadas a paliar los efectos de la despoblación, con el fin de afrontar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que busca reducir las diferencias de desarrollo entre las diferentes regiones.
A grandes rasgos, las medidas o estrategias que incluyen estas políticas son la creación de empleo, la mejora de infraestructuras y servicios, y el apoyo a emprendedores y pequeñas empresas. Además, de un mejor acceso a la vivienda y a los servicios esenciales, como son la educación y la sanidad.
Pese a que la despoblación es un problema grave hay varias regiones que con esfuerzo están consiguiendo frenarla, e incluso ganar población, como son las Highlands escocesas o Artieda (Zaragoza).
Gracias a la creación, hace más de 60 años, de una agencia de desarrollo económico y comunitario con autonomía de acción y despolitizada, han conseguido revertir la tendencia en las Highlands de Escocia, pues se prevé que para 2035 la población aumente en un 10% respecto a 2010. Esto se debe a que dotan de infraestructuras y vivienda, así como intentar mejorar la disponibilidad de servicios básicos, comercio, cultura, ocio y conectividad.
Otro caso de éxito, pero a nivel nacional lo encontramos en Artieda, pues partía de 67 habitantes en 2017, y gracias al fomento de políticas de vivienda, empleo, mejora del ocio y el acceso a internet ha conseguido que la población aumente hasta los 82 habitantes en 2022, siendo 15 jóvenes los que se han establecido en el municipio. Para que las iniciativas y proyectos que se están llevando a cabo en esta región hayan tenido efecto, la participación ciudadana y las ideas aportadas por la población han sido clave.
En CARTIF somos conocedores del reto, no solo por nuestra localización en una región que sufre la despoblación, sino también como parte activa en su afrontamiento. En particular en el proyecto SPANDAM, en el que trabajamos en el desarrollo de herramientas y modelos de evaluación integrada que permiten cuantificar el impacto de políticas que buscan la fijación de población mediante acciones en busca del desarrollo local y el fomento de su atractivo.
