El cambio climático es un fenómeno que se ha observado a nivel científico durante décadas, pero no fue hasta los años 80 que este término se popularizó y su relevancia no ha hecho más que crecer desde entonces. A día de hoy, no hay una sola semana en la que no aparezca un titular alarmante que nos indica cómo las temperaturas alcanzan nuevos máximos, las lluvias dejan de regar los campos y los desastres naturales son más frecuentes y dañinos, tanto material como humanamente.

Ante tal situación, la conciencia sobre el cambio climático ha aumentado en los medios y en la opinión pública y, con ella, la presión sobre los gobiernos y las empresas para tomar medidas más significativas. En este contexto es donde surgen las políticas climáticas y de sostenibilidad, medidas y acciones que gobiernos y empresas toman para abordar los desafíos del cambio climático y promover un futuro sostenible.

Aunque fue en 1972 cuando se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la preocupación por el medio ambiente no es algo nuevo, sino que existen teorías de que allá por el 1750 a.C. el mesopotámico Código de Hammurabi ya establecía multas y castigos para quienes dañaran el medio ambiente o pusieran en peligro a otros.

Desde esa época hasta la actualidad han cambiado mucho las cosas y, a día de hoy, de forma anual tienen lugar las Conferencias de las Partes (COP) que son cumbres realizadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en las que las 197 partes integradoras consensuan las medidas climáticas de los años venideros. De las 27 que han tenido lugar, las más relevantes sin duda han sido la COP3 o Protocolo de Kioto y la COP21 o Acuerdo de París.

Las políticas climáticas se centran, principalmente, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la mayor causa del calentamiento global. Con este objetivo se promocionan energías renovables, se busca la mejora de la eficiencia energética y se impulsa la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en los sectores que actúan como grandes motores económicos de nuestra sociedad (véase el transporte, la industria o la construcción).

Las políticas climáticas suelen tener un objetivo claro en el momento de su implementación, pero a veces pueden generar efectos inesperados, tanto positivos (co-beneficios) como negativos («trade-offs»). Estos co-beneficios no solo pueden verse relfejados en la situación medioambiental sino que llegan a generar beneficios económicos y hasta sociales.

Esta interrelación entre economía, sociedad y medio ambiente no se tuvo en cuenta hasta la aparición del concepto de sostenibilidad se enfocan en promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDGs por sus siglas en inglés) que son un total de 17 metas específicas que abordan desafíos globales de los tres pilares básicos: protección medioambiental, desarrollo social y crecimiento económico.

Pese a que la aplicación de medidas en los sectores más tradicionales es imprescindible para reducir nuestro impacto ambiental, tanto los dirigentes como la propia sociedad han comprendido que es necesaria una reestructuración desde los pilares más básicos, desde nuestro día a día. Es por ello que nuevos paquetes legislativos aparecen continuamente tratando de modificar hábitos de consumo e incluso la educación con la que las nuevas generaciones se formarán.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y es importante tener en cuenta que la implementación de políticas climáticas y de sostenibilidad puede ser un proceso complejo y que requiere una cuidadosa planificación y evaluación de los efectos esperados. Siendo esto así, ¿cómo es posible tomar una decisión tan relevante si existe la posibilidad de generar un mayor perjuicio? Aquí es donde se introduce el concepto de «Modelos Integrados de Evaluación» o IAMs por sus siglas en inglés.

Los IAMs son herramientas de análisis que permiten estimar y evaluar los efectos de diferentes políticas climáticas en diversos ámbitos como la economía, el medio ambiente y la conciencia social, eligiendo en qué regiones y sectores se quiere hacer especial hincapié. A través de estos modelos, los responsables políticos pueden tomar decisiones sustentadas en datos científicos sobre qué medidas tomar para abordar el cambio climático o pueden utilizarlas como justificación para decisiones polémicas.

La utilidad de los IAMs es gigantesca siempre y cuando sean bien utilizados, pero si no se dan las condiciones oportunas puede convertirse en meras representaciones incompletas del futuro. El correcto funcionamiento de estos modelos pasa por una implicación real de los políticos y demás partes interesadas en la etapa de creación del IAM así como por definir correctamente la política a modelar (cuál es el tema a tratar y el objetivo de su implementación, qué resolución espacial y temporal tiene, etc.)

Una vez cumplidas estas condiciones, es indispensable asegurar que la política y modelo elegido sean compatibles ya que no todos los IAMs tienen las capacidades suficientes para pronosticar el impacto de dicha medida ya sea porque no incluye el sector de aplicación, porque la ubicación geográfica no se puede especificar o porque el horizonte temporal es demasiado amplio y el IAM no lo contempla. En lo que se está trabajando actualmente es en crear IAMs con mayor diversidad y capacidad en cuanto a implementar políticas que no solo estén relacionados con la economía, sino también con los factores sociales y ambientales.

Desde CARTIF, el tema de los IAMs es algo que llevamos tiempo tomándonos muy en serio y, de hecho, hemos desarrollado junto a nuestros colegas de UVA un IAM llamado WILLIAM. Además somos partícipes de varios proyectos europeos orientados hacia la mejora en la capacidad de evaluación, transparencia y consistencia de los modelos como pueden ser IAM COMPACT o NEVERMORE.

Adrián Mateo
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